Es por ello que en el marco de estos encuentros tripartitos, un aspecto en el que con frecuencia coinciden las partes es que los ajustes deben responder a criterios técnicos establecidos para evitar que se tomen decisiones en base a réditos políticos.
De hecho, 13 de los 15 incrementos de sueldo mínimo que se efectuaron desde el 2000 se realizaron en el marco de períodos electorales o de baja aprobación presidencial, reportó el Instituto Peruano de Economía (IPE). El último se aprobó a fines del 2024, un incremento de S/ 105 hasta los S/ 1,130.
Los esfuerzos para concretar una fórmula al respecto, en los últimos años, han sido invisibles y tal parece que en la gestión de José Jerí tampoco habrán novedades.
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Mayoría de partidos omite hablar de la RMV
En este contexto, y considerando que en algún momento del quinquenio del 2026 al 2031 volverá a estar en agenda, Gestión realizó un nuevo análisis de los más de 30 planes de gobierno a fin de conocer la política que plantean los candidatos presidenciales para la discusión alrededor del sueldo mínimo.
Así, este diario identificó que el 80% de los partidos no tiene ninguna referencia alrededor de un ajuste de la RMV. Genera especial atención que entre estos 28 candidatos están los siete que lideran la intención de voto, según Datum Internacional: Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori, Carlos Álvarez, Alfonso López Chau, Mario Vizcarra, George Forsyth y César Acuña. [Infografía con todos los candidatos al final del artículo]
En este segmento “silencioso”, otros tres hacen referencias indirectas, al usarla para mencionar un subsidio del Estado y mejorar las condiciones del servicio militar, por ejemplo.
En contraparte, siete candidatos apuntan directamente a ajustes al alza del sueldo mínimo, aunque marcan algunas matices. El candidato que más se acerca al pelotón de mayor preferencia y pertenece a este grupo es Yonhy Lescano (séptimo en la última encuesta de Datum), quien propone promulgar normas para incrementar “razonablemente” el sueldo mínimo. En detalle, para enero del 2027 menciona que se procederá con un incremento de la RMV.
Otros cinco se orientan, de una manera u otra, a una fórmula para efectuar una actualización del sueldo mínimo. Por ejemplo, se propone su vinculación a objetivos de productividad e inflación, que sea progresivo, entre otros. Los partidos que aquí figura son Juntos por el Perú, Partido del Buen Gobierno, Unidad Nacional, Fuerza y Libertad, y el Partido Aprista Peruano.
En tanto, la iniciativa con el cambio más drástico proviene de la Alianza Electoral Venceremos, que buscaría, entre sus primeras medidas, subir el salario mínimo a S/ 1,330 y luego incrementarlo hasta cubrir la canasta básica familiar (alrededor de S/ 1,800).
Al respecto, precisan que “se empoderará a la Comisión Técnica del Salario Mínimo (CTSM)” y que, de no haber acuerdo, “el Ejecutivo tiene la potestad de subir la RMV”.
Perjuicios de elevar la RMV sin criterios técnicos
Diego Macera, director del Instituto Peruano de Economía (IPE), recordó que, a diferencia de otras políticas públicas, el Ejecutivo tiene un alto nivel de discrecionalidad sobre las actualizaciones de la RMV, considerando los fracasos de consensos en el Consejo Nacional de Trabajo (CNT), que reúne al Estado, representantes del sector privado y de los trabajadores.
Por esto, criticó que la mayoría de los candidatos a la presidencia del país omitan referirse al respecto.
“Es una política especialmente importante donde debe estar claro cómo piensa el próximo Ejecutivo. Las empresas necesitan tener cierto nivel de predictibilidad. La mayoría de los incrementos han sido antitécnicos, para salvar un par de puntos en las encuestas”, refirió.
Jorge Toyama, socio de Vinatea & Toyama, cuestionó también la falta de pronunciamiento de la mayoría de candidatos sobre cómo se evaluará la eventual revisión. Recordó que, precisamente, desde la Organización Internacional de Trabajo (OIT) se recomienda que tenga predictibilidad para así no afectar la seguridad jurídica.
Otro aspecto que debe primar es que responda a un diálogo social o, cuando menos, se escuche a la partes involucradas. Pero esto no ha venido ocurriendo. “De las últimas revisiones, casi todas fueron decisiones unilaterales del Gobierno”, señaló el laboralista.
Macera señaló que un aumento de la RMV, en la práctica, beneficia a alrededor del 4% del total de la Población Económicamente Activa (PEA) formal.
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