La situación resulta especialmente delicada en La Paz y El Alto, donde la interrupción del transporte ha generado una severa escasez.
El Congreso de Bolivia dio luz verde este domingo al presidente Rodrigo Paz para emplear al Ejército en el desbloqueo de carreteras. La medida llega tras cinco semanas de protestas que exigen la renuncia del mandatario. La Cámara de Diputados aprobó la ley después de una sesión de 15 horas. Ahora la norma espera la promulgación del Ejecutivo.
Las movilizaciones, protagonizadas por campesinos, mineros, transportistas y otros sectores, comenzaron con demandas económicas, pero derivaron en exigencias de dimisión presidencial. Los cortes afectan al menos a 80 puntos del país y han provocado serias dificultades de abastecimiento. Paz evalúa además declarar un estado de excepción, mecanismo que permitiría ampliar el uso de la fuerza pública y restringir de forma temporal libertades de reunión y movilización.
La crisis de combustibles agrava el malestar en La Paz y El Alto
La situación resulta especialmente delicada en La Paz y El Alto, donde la interrupción del transporte ha generado una severa escasez de combustibles, alimentos y medicamentos. Las largas filas en estaciones de servicio se han convertido en una imagen cotidiana. Muchos conductores permanecen durante días dentro de sus vehículos a la espera de gasolina o diésel.
En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, Rodrigo Paz afirmó que ambas ciudades “todavía enfrentan momentos difíciles”, aunque destacó algunos avances. Según el mandatario, en los últimos días ingresaron más de un millón de litros de gasolina y 40.000 garrafas de gas con el fin de aliviar la emergencia. “Seguiremos trabajando con firmeza hasta devolver tranquilidad a cada hogar y la estabilidad que Bolivia merece”, aseguró.
El Gobierno sostiene que la distribución de carburantes comenzó a normalizarse lentamente, aunque reconoció que persisten importantes dificultades. Las autoridades también han señalado al expresidente Evo Morales como responsable de alentar las protestas. El líder cocalero, que permanece en el Chapare, rechaza esas acusaciones.
La polémica cláusula que protege a militares en operativos
Uno de los puntos más debatidos de la nueva legislación fue la incorporación de una disposición que otorga a policías y militares una “presunción de legalidad” en la ejecución de acciones enmarcadas en un eventual estado de excepción. Además, establece que el Estado deberá asumir su defensa jurídica.
El presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro, confirmó la aprobación definitiva de la norma luego de una extensa sesión legislativa. Por su parte, el diputado oficialista Carlos Alarcón defendió la medida al afirmar que el artículo es “necesario” para que los uniformados puedan actuar frente a situaciones que, según dijo, están afectando los derechos de la población.
El debate estuvo marcado por antecedentes recientes. Entre ellos figura el procesamiento de varios jefes militares que participaron en operativos durante el gobierno transitorio de Jeanine Añez tras la salida del poder de Evo Morales, hechos que dejaron más de 30 fallecidos.
CIDH pide diálogo ante movilizaciones
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó preocupación por el aumento de la conflictividad social y llamó a las autoridades y a los sectores movilizados a privilegiar el diálogo para resolver las demandas existentes.
A través de un pronunciamiento público, el organismo recordó que cualquier medida excepcional debe respetar los estándares establecidos por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La CIDH señaló que las decisiones adoptadas bajo un estado extraordinario deben cumplir criterios de necesidad, proporcionalidad, temporalidad y control jurídico.
El llamado se produjo después de los enfrentamientos registrados en la carretera hacia San Julián, en Santa Cruz, donde un operativo policial para despejar una vía terminó con varios agentes y civiles heridos. Mientras continúan los bloqueos, el país permanece atento a la decisión final del Ejecutivo sobre la eventual aplicación de medidas extraordinarias.
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