La segunda vuelta electoral en curso, en la que se elegirá al próximo presidente de la república, bien podría tener un accidentado desarrollo. Cuatro días atrás, la Contraloría identificó una serie de deficiencias por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
Las observaciones más alarmantes están relacionadas a la falta de contratación de fiscalizadores; principalmente, en Lima Provincias. Allí, 1700 mesas de sufragio estaban en riesgo de no contar con la vigilancia respectiva.
Otras diez regiones, mientras tanto, reportaban falta de contratos para el despliegue y el repliegue del material electoral, o una presunta falta de transparencia en dichas contrataciones, según el ente de control.
Primeras alertas
Una actuación cuestionable tuvo el JNE en la semana previa a la segunda vuelta presidencial. Así lo asegura un informe de la Contraloría (CGR), revisado por Correo, elaborado tras una visita de control a la sede de la autoridad electoral en el Cercado de Lima.
El objetivo de dicha fiscalización, desarrollada entre el 28 de mayo y el 3 de junio, fue revisar el proceso de contratación de fiscalizadores de locales de votación, a nivel nacional, por parte del JNE.
Los fiscalizadores, como se sabe, son representantes del JNE cuya labor es asegurar que el desarrollo del proceso electoral en una mesa o local de votación, así como sus resultados, cumplan los estándares normativos vigentes. Su objetivo era tener 50 mil, uno para cada dos mesas.
Sin embargo, los hallazgos de la Contraloría arrojaron tres situaciones adversas y de diversa índole. La primera de ellas está relacionada a la falta de contratación de personal clave para los comicios.
“Se ha identificado que 15 Jurados Electorales Especiales (JEE) no vienen contratando fiscalizadores para 175 locales de votación, situación que (…) genera riesgos en la participación oportuna de fiscalizadores en 1700 mesas de sufragio”, se indica.
En ese sentido, se detalló que los tres departamentos con mayor número de fiscalizadores no asignados, al 2 de junio del 2026, son Lima (66), Loreto (37) y Áncash (24) (ver infografía).
El panorama parece ser el mismo que en la primera vuelta, pues de las diez regiones en alerta por dichas circunstancias, la capital se lleva la peor parte con el mayor número de JEE sin fiscalizadores, que representan 66 locales de votación.
Este grupo está conformado por Huaura (8), Lima este 1 (1), Lima oeste 2 (3), Lima oeste 3 (49) y Lima sur 1 (5). Todos ellos acumulan 1017 mesas de sufragio “en riesgo” de no contar con una supervisión oportuna.
El informe también destaca que la “Nueva estrategia de Fiscalización” para la segunda vuelta, elaborada por la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales (DNFPE), fue enviado a la Gerencia General del JNE el 13 de mayo. Un plan de trabajo que se no se habría cumplido a cabalidad.
El documento detalla que el proceso de “contratación y registro administrativo” de dichos fiscalizadores debía darse entre el 28 y el 31 de mayo. Luego, se realizarían talleres virtuales, capacitaciones, webinars y la distribución de accesos, herramientas y credenciales operativas. Esto último, además, debía concretarse el 5 de junio.
Más pendientes
Otras dos observaciones importantes también fueron consignadas en el informe de control. En este caso, no es solo la falta de fiscalizadores sino su contratación.
La Contraloría identificó que 565 locadores contratados para dicha tarea “mantendrían, de manera simultánea, vínculo laboral con otras entidades del Estado”. Estos “figuran con el estado ‘ocupado’ en sus respectivos cargos funcionales y códigos funcionales”.
La situación no solo “afectaría la prestación exclusiva de los servicios contratados”, sino que también “genera un riesgo en el cumplimiento de las funciones de fiscalización asignadas al JNE”.
Además, el hecho sería contrario al artículo 40 de la Constitución, a los artículos 3 y 16 de la Ley N.° 28175, Ley Marco del Empleo Público, al artículo 38 de la Ley N.° 3005, Ley del Servicio Civil, entre otras normas citadas en el informe.
Finalmente, la CGR hace énfasis en que el presupuesto asignado a 58 JEE para la contratación de los fiscalizadores “resulta inferior en S/1 138 200 respecto del monto requerido” por la DNFPE.
Dicho órgano solicitó otorgar a los JEE S/42 403 200, sin embargo, su pedido no fue atendido y se asignó, en su lugar, S/41 265 000.
Por ello, el pago a cada fiscalizador, según el tipo de local de votación, quedó registrado de la siguiente manera: urbano, S/800; intermedio, S/1000; lejano, S/1200; y especial, S/1800.
El informe concluye que estas situaciones adversas “podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos de fiscalización de los JEE”.
Por ello, recomienda “hacer de conocimiento al presidente del JNE”, Roberto Burneo, que debe comunicar al Órgano de Control Institucional de la institución, en el plazo máximo de cinco días hábiles, las acciones adoptadas “adjuntando la documentación de sustento respectiva”.
El documento tiene fecha del jueves 4 de junio. Este Diario desconoce si la notificación del mismo al JNE se produjo en dicha fecha o el día posterior.
En curso
Correo se comunicó con personal del JNE para conocer el estado de las subsanaciones y/o el envío respectivo al órgano de control.
El área de comunicaciones envió un comunicado señalando que las tres situaciones adversas, contenidas en el informe, “vienen siendo atendidas por el JNE y serán subsanas dentro de los plazos establecidos”. Es decir, aún permanecían pendientes y, tratándose de un día no hábil, serían respondidas después de la segunda vuelta.
“Las observaciones reportadas no afectan el desarrollo de las labores de fiscalización electoral”, puntualizó.
Sobre la ONPE
Otros inconvenientes detectados por la Contraloría se registraron en torno a la ONPE, hoy encabezada por Bernardo Pachas.
Once departamentos y una provincia constitucional, en distintas localidades, registraron falta de contratos para el despliegue y/o repliegue del material electoral, entre otros, o aparente falta de transparencia en los procesos de dichos contratos.
Estos son Arequipa, La Libertad, Cajamarca, Huancavelica, Pasco, Ucayali, Junín, Madre de Dios, Apurímac, San Martín, Tumbes y Callao. Del grupo, hay algunos casos más llamativos que otros.
Al 3 de junio, Arequipa reunía a seis ODPE (Oficina Descentralizada de Procesos Electorales), en Mollendo, Arequipa (ciudad), Camaná, Condesuyos, La Esperanza y Caylloma en los que no se había iniciado, culminado o formalizado la contratación de los servicios de transporte para el despliegue y repliegue.
En La Libertad, la ODPE Pacasmayo reportó que “los tiempos ofertados para el repliegue de sobres plomos presentan incongruencias, respecto a la ubicación geográfica de cada local de votación”, junto “a un deficiente control que podría generar el riesgo de sobrepagos”.
Mientras tanto, en la ODPE Trujillo se reportó que los “Términos de Referencia elaborados para el servicio de repliegue de sobres plomos presentan modificaciones y omisiones respecto de los requisitos mínimos establecidos”.
Una situación similar se vivió en la ODPE de San Martín. Allí, se suscribió “contratos para el servicio de traslado de material electoral (siete rutas) sin contar con la documentación total de los requisitos establecidos en los Términos de Referencia para la formalización contractual”.
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