En el Perú ya hemos normalizado cierta geografía del miedo: las calles, los mercados, las avenidas por donde transitan motos sin placas. Pero el verdadero mapa del delito no está afuera, sino adentro. Adentro de penales donde el Estado debería tener control absoluto y termina siendo apenas un visitante tolerado. Hoy, la inseguridad que vivimos en la calle es el eco amplificado de un sistema penitenciario que dejó de encerrar criminales para empezar a organizarlos.
No es casualidad. Con 103 mil internos en espacios diseñados para solo 42 mil —un hacinamiento de 147% — las cárceles funcionan menos como centros de reclusión y más como territorios sin ley donde la administración estatal compite en desventaja. Cuando un penal opera más allá de su capacidad física, la autoridad se diluye, la vigilancia se deteriora y el crimen encuentra el ambiente ideal para instalarse. Y lo ha hecho.
El panorama nacional lo confirma: la mayoría de extorsiones que afectan a emprendedores, transportistas, comerciantes y familias no se planifican desde la calle, sino desde un teléfono que suena detrás de un pabellón sobrepoblado. Las requisas recientes encabezadas por el presidente José Jerí no solo mostraron celulares, armas hechizas y chips escondidos: mostraron un Estado que recién empieza a reaccionar frente a años de autogobierno penitenciario.
Pero el problema no se resuelve con decomisos televisados. Requiere algo más básico y más urgente: construir. Y allí tropezamos siempre con la misma piedra. El INPE administra una cartera millonaria de infraestructura, pero casi la mitad de los proyectos está paralizada o sin ejecución reciente. En otras palabras, sabemos qué hacer, sabemos que es urgente, tenemos presupuesto… pero las obras no avanzan.
Esta incapacidad para ampliar y modernizar el sistema penitenciario es uno de los motores silenciosos de la inseguridad nacional. La infraestructura crece a un ritmo muy inferior al aumento de la población penitenciaria, y así el país queda atrapado en un círculo vicioso: cada año ingresan más internos, pero no se generan nuevas plazas ni sistemas tecnológicos que permitan un control real.
Es cierto, por primera vez en mucho tiempo un gobierno ha decidido enfrentar el problema sin rodeos. La anunciada reorganización total del INPE no es poca cosa: implica reconocer que la institución no funciona y requiere una reconstrucción desde los cimientos. Falta saber si esta reorganización será una verdadera transformación o solo un cambio de membrete, pero al menos coloca el tema donde debe estar: en el corazón del debate nacional sobre inseguridad.
La realidad es dura: la delincuencia no teme a las cárceles peruanas. Teme a la posibilidad de perder el control dentro de ellas. Y hoy, ese control —que debería ser estatal— sigue disputado o capturado por redes que operan con disciplina y jerarquía.
Si el Estado logra recuperar el dominio dentro de los penales, el país habrá dado un golpe real contra la inseguridad. Si no, seguiremos financiando con nuestros impuestos la oficina central del crimen organizado.
Y esa, lamentablemente, es la única oficina pública que nunca deja de operar.
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