El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) autorizó la creación de un grupo de trabajo multisectorial que coordinará y articulará acciones para implementar proyectos de infraestructura penitenciaria.
A través de una norma legal extraordinaria publicada este 23 de diciembre, se atiende el auto del Tribunal Constitucional que exhorta al Estado peruano a adoptar acciones concretas frente a la problemática penitenciaria: hacinamiento y precariedad.
Este grupo —que tendrá una vigencia de 12 meses— tendrá como objetivo coordinar y proponer acciones técnicas, normativas y financieras para impulsar la construcción de nuevas cárceles, así como para su ampliación y modernización.
Sus principales funciones serán:
- Identificar obstáculos y proponer medidas de mejora normativa para el destrabe de proyectos
- Proponer una cartera priorizada de proyectos de infraestructura penitenciaria
- Fomentar programas de financiamiento y asistencia técnica de Organismos internacionales y de la Cooperación Internacional con la cartera priorizada de proyectos a través de préstamos, donaciones y asesorías especializadas
- Promover el uso de tecnologías constructivas modernas y soluciones innovadoras
El grupo en cuestión estará integrado por un representante del despacho del Minjusdh; del Viceministerio de Justicia; del Programa Nacional de Prevención y Reinserción Social; del Instituto Nacional Penitenciario - INPE; del Ministerio de Economía y Finanzas - MEF y de ProInversión.
Los miembros tendrán una participación ad honorem. Según el Minjusdh se busca “acelerar el cierre de brechas en infraestructura penitenciaria”.
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