Quien gane las elecciones tendrá poco que celebrar, pues recibirá un país ensangrentado. Entre el 1 y el 5 de junio ocurrieron una serie de atentados de sicarios y extorsionadores que dejaron casi una decena de víctimas a nivel nacional y las cifras no mienten: El promedio de muertes violentas durante el 2025 fue de siete al día.
Lo ocurrido en Sullana, donde la noche del jueves mataron a cuatro miembros de una familia, entre ellos un niño, solo demuestra que la principal deuda del Estado con sus ciudadanos es la seguridad ciudadana. Familias asesinadas, vendedores ejecutados, jóvenes acuchillados hasta la muerte en el Centro de Lima y pasajeros y conductores de buses baleados, son nuestro pan de cada día.
Quien gane las elecciones y llegue a Palacio el 28 de julio no tendrá el lujo de una curva de aprendizaje. Debe llegar con una estrategia de seguridad planeada y real, además del equipo idóneo para lograrlo, pero no solo eso, se necesita un trabajo articulado que requiere instituciones fortalecidas y que trabajen de la mano. La pelea entre la PNP y la Fiscalía debe ser un punto a solucionar también.
Las promesas ya las hicieron durante la campaña, quien gane ahora debe cumplirlas porque, así como la criminalidad no espera a un presidente, la ciudadanía no puede aguardar ni seguir más en la indefensión.
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