La legalidad proviene de las normas, de la actuación formal de los organismos electorales y del cumplimiento de los procedimientos establecidos. La legitimidad surge de la confianza ciudadana, de la percepción de imparcialidad, transparencia y representación. Cuando ambas coinciden, la democracia funciona con relativa estabilidad. Cuando se separan, aparece la crisis. Y justamente ese parece ser el fenómeno que estamos observando: un proceso que puede ser legalmente válido, como lo consideran los miembros del JNE, pero cuya aceptación social aparece debilitada por años de crisis política, enfrentamientos institucionales, denuncias cruzadas, descrédito de los partidos y desconfianza acumulada hacia las élites políticas. A ello se agregan las muchas irregularidades de la primera vuelta. Cuando una mayoría significativa del pueblo duda del sistema, aun cuando sus responsables proclamen que actúan dentro de la ley, surge una fractura de legitimidad que amenaza la gobernabilidad futura. Hay investigaciones pendientes que pueden descalificar todo el proceso desde la cuestionada primera vuelta. Y no hay manifestaciones de los dos candidatos de que les intereser unir a los peruanos en objetivos comunes. Un gobierno de los mejores para la peor crisis es una asignatura pendiente para quienes se interesan por el país. Si quisieran crecer en legitimidad estarían cuidando el proceso y no hubieran permitido que un cuestionado presidente de transición cambie intempestivamente, entre gallos y medianoche, a los embajadores de los países donde votan mas peruanos en el extranjero. Nadie ha explicado esta maniobra insólita y reveladora de opacidad. La sospecha de manipulación crece. No quieren darse cuenta de esto los dos postulantes, los medios y las autoridades electorales. En todo caso es una lección de lo que no se debe hacer.

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