La Fiscalía detectó demoras y simulación de diligencias por parte de los agentes en un caso de marzo de este año, lo que respalda la solicitud de prisión preventiva por riesgo de interferencia en el proceso penal en curso.
El Poder Judicial ordenó nueve meses de prisión preventiva contra dos policías en actividad que laboraban en el Departamento de Investigación Criminal (Divincri) de Abancay, investigados por presuntamente solicitar S/7.500 a cambio de favorecer a personas intervenidas en una investigación fiscal. La medida fue solicitada por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (FECOF) de Apurímac, que los acusa de presuntos actos de corrupción cometidos durante diligencias realizadas en marzo de este año.
Los agentes, identificados con las iniciales L.R.G.T. y R.T.M., habrían participado en los hechos entre el 26 y 27 de marzo de 2026, cuando tenían a su cargo actuaciones dispuestas por el Ministerio Público. Según la hipótesis fiscal, ambos habrían exigido dinero para favorecer a personas que se encontraban bajo investigación.
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Fiscalía detectó presuntas irregularidades en diligencias
La investigación fiscal señala que los efectivos habrían incurrido en diversas irregularidades durante el desarrollo del caso. Entre ellas, figuran presuntos retrasos en actuaciones consideradas relevantes para la pesquisa y la aparente simulación de diligencias, como comunicaciones a un testigo que, de acuerdo con la tesis del Ministerio Público, nunca llegaron a concretarse.
La Fiscalía también sostiene que existieron demoras en la citación de ese testigo, situación que habría influido en el desarrollo de las diligencias efectuadas durante la detención de tres personas. Estos hechos forman parte de los elementos que sustentan la imputación formulada contra los policías.
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Testimonios y documentos respaldan investigación
Tras conocer las denuncias, el Ministerio Público ejecutó diligencias junto con la Dirección Contra la Corrupción de Apurímac (Depdicc). Durante las acciones de investigación, los fiscales recopilaron testimonios y documentación que fueron incorporados al expediente.
Con estos elementos, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva, pedido que el Poder Judicial declaró fundado. Entre los argumentos considerados para imponer la medida figura el riesgo de que los investigados interfieran en el desarrollo del proceso penal.
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