La Asociación Civil Transparencia presentó su tercer informe de observación electoral a largo plazo correspondiente a la segunda vuelta presidencial. José Naupari, coordinador del equipo a cargo del análisis, destacó las medidas adoptadas por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para cumplir con los plazos constitucionales y optimizar la logística del proceso.
Durante su intervención, Naupari reconoció que el JNE enfrentó un escenario jurídico sumamente complejo debido a las fechas inamovibles del calendario electoral: la segunda vuelta programada para el 7 de junio y el cambio de mando fijado para el 28 de julio.
Esta presión de tiempo justificó decisiones institucionales clave, como la determinación del Pleno de no realizar elecciones complementarias, debido a la falta de un marco normativo que las sustentara y la inviabilidad material de los plazos.
Para asegurar el cumplimiento del cronograma, el ente electoral fijó una fecha máxima para la emisión de las actas de proclamación descentralizada por parte de los Jurados Electorales Especiales (JEE) y anunció una revisión de oficio. Si bien el especialista advirtió que esta figura no existe explícitamente en el ordenamiento electoral, admitió que fue una medida necesaria ante la urgencia del proceso.
Frente a los cuestionamientos por el tiempo tomado para oficializar los resultados, el informe señaló que el JNE se mantuvo dentro del promedio histórico. La fecha de proclamación oficial encajó en la normalidad al compararse con los plazos manejados en las elecciones del 2016 y del 2021.
Procedimientos formales
El representante de Transparencia también se refirió a la importancia de respetar los canales formales, y tomó como ejemplo un pedido planteado por el excandidato Rafael López Aliaga, indicando que los candidatos no tienen legitimidad para presentar requerimientos directos ante el Pleno del JNE a título personal.
Además, subrayó que toda petición debe ser canalizada estrictamente a través del personero legal de la organización política y resolverse mediante los debidos procedimientos jurisdiccionales.
Finalmente, el informe elogió los esfuerzos logísticos desplegados por el sistema electoral para corregir las deficiencias registradas el pasado 12 de abril. Para manejar la carga procesal de esta segunda vuelta, se destacó la oportuna disposición de 249 asistentes jurisdiccionales distribuidos en los 60 JEE a nivel nacional.
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