El Ministerio Público solicitó la medida restrictiva para efectivos del Ejército tras el operativo en el VRAEM que dejó cinco civiles muertos.
La Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos de Junín solicitó 18 meses de prisión preventiva para ocho integrantes del Ejército del Perú, quienes son investigados por el presunto delito de homicidio calificado en agravio de cinco civiles durante un operativo militar.
La intervención ocurrió el pasado 25 de abril en la carretera Colcabamba-Ayacucho, en la provincia de Tayacaja, región Huancavelica, una zona perteneciente al Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM).
Además de las víctimas fatales, a los militares se les imputa el delito de tentativa de homicidio calificado en perjuicio de otros tres ciudadanos sobrevivientes, de los cuales dos resultaron heridos por proyectiles de arma de fuego.
🚨 #LoÚltimo | Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos de Junín requirió 18 meses de prisión preventiva para los ocho militares investigados por el delito de homicidio calificado en agravio de cinco civiles que fueron interceptados en la carretera… pic.twitter.com/S2aOuR3RPE
— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) June 8, 2026
Los efectivos investigados, identificados como Luis Montenegro, Brayan Fernández, Douglas Villacorta, Edilberto Marcos, Andy Sánchez, Jorge Aguilar, Américo Vásquez y Fernando Córdova, permanecen sujetos a las diligencias dispuestas por la fiscal provincial Zina Romero Chávez.
Según la tesis inicial del Ministerio Público, los hechos se desencadenaron cuando la patrulla militar ordenó detener una camioneta en la vía; ante la supuesta negativa del conductor, se habrían producido disparos contra los uniformados, quienes respondieron al fuego.
No obstante, el despacho fiscal ha dispuesto la práctica de pericias balísticas forenses, pruebas de absorción atómica y la incautación de los celulares de los agentes para establecer responsabilidades penales precisas.
A pesar de que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA) ratificó que la patrulla militar actuó en legítima defensa tras ser atacada por presuntos delincuentes, pericias preliminares y testimonios recogidos en la zona de Colcabamba sugieren hallazgos que contradicen la versión oficial.
Tesis fiscal y testimonios bajo reserva
La defensa de las víctimas ha reportado dificultades en la toma de declaraciones, señalando que, de los tres sobrevivientes citados por la fiscalía para esclarecer los hechos, solo uno ha cumplido con el llamado judicial hasta la fecha.
Anthony Carlos Crespo Barrionuevo, abogado de la parte agraviada, informó a RPP que el testimonio de Jonathan Águila Gutiérrez se mantiene bajo reserva, mientras que los ciudadanos Ever Soto Quispe y Ricardo Acuña no se presentaron a la diligencia.
Por otro lado, los ocho militares implicados en el suceso decidieron guardar silencio durante las citaciones programadas para brindar su versión de los hechos.
Esta postura se mantiene mientras las autoridades esperan los resultados finales de los peritajes a cargo de la Depincri Huanta-Ayacucho sobre la dinámica del ataque que segó las vidas de Wilmer Romero, Jaime Bendezú Paraguay, Cristian Vilcatoma Águila, William Núñez Soto y el ciudadano colombiano Nilsson Eduardo Montenegro.
Contradicciones sobre el presunto enfrentamiento armado
A pesar de que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA) ratificó que la patrulla militar actuó en legítima defensa tras ser atacada por presuntos delincuentes, pericias preliminares y testimonios recogidos en la zona de Colcabamba sugieren hallazgos que contradicen la versión oficial.
De acuerdo a esta información, no existirían indicios de un intercambio de disparos recíproco, sino de un ataque unidireccional contra el vehículo civil, donde además no se habrían hallado armas de fuego ni sustancias prohibidas tras la balacera.
Ricardo Jamier Acuña Quispe, un joven de 20 años que sobrevivió al incidente tras saltar de la camioneta y esconderse entre las rocas de un río cercano, relató ante las autoridades el momento en que los uniformados abrieron fuego tras un intento del chofer por acelerar la marcha.
"Es así que en la madrugada, al estar cerca por este lugar, vi a unos uniformados en la carretera que tenían unas armas largas y el chofer de esta camioneta comenzó a acelerar y en ese momento escuché disparos, luego del susto me salté de la camioneta y me corrí hacia el río, luego en una roca me escondí", narró Ricardo Jamier Acuña Quispe, según un documento policial al que tuvo acceso RPP.
Aunque la Policía Nacional señaló que uno de los fallecidos contaba con antecedentes internacionales por tráfico de armas, la población local ha iniciado manifestaciones exigiendo justicia.
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